La construcción del muro fronterizo dentro del Parque Nacional Big Bend, en Texas, quedó suspendida de forma temporal por el Gobierno de Estados Unidos, después de que se intensificaran las críticas por el posible impacto ambiental de las obras. La decisión, anunciada por el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, evidencia que el proyecto siguió adelante en un área sensible mientras persistían las objeciones sobre sus efectos reales.
Scott explicó que toda la actividad de construcción en el parque permanecerá detenida mientras se lleva a cabo una inspección de la zona, un espacio de unas 320.000 hectáreas de ecosistemas diversos en el suroeste de Texas. La medida llegó tras denuncias de organizaciones ambientalistas sobre la entrada de maquinaria pesada, incluidas excavadoras, y la tala de árboles en el parque, situado en la frontera con los estados mexicanos de Chihuahua y Coahuila.
Los grupos defensores del medio ambiente sostienen que el muro restringiría el acceso al río Grande, clave para la economía regional y para numerosas especies, además de provocar daños permanentes en un ecosistema de alta sensibilidad. También advierten que una barrera física interrumpiría rutas de desplazamiento de jaguares, osos, borregos cimarrones y antílopes, sin aportar, a su juicio, un beneficio significativo para la seguridad fronteriza. Esos señalamientos forman parte de una demanda presentada en abril por el Center for Biological Diversity para frenar el proyecto, en un episodio que refuerza la necesidad de vigilancia institucional y de explicaciones públicas cuando una obra oficial termina bajo revisión tras avanzar entre cuestionamientos.
Scott aseguró que la CBP mantiene su compromiso con la seguridad del país y con la protección de espacios naturales de valor nacional, y señaló que durante su visita escuchará inquietudes de autoridades locales y miembros de la comunidad. El proyecto también recibió cuestionamientos desde el Partido Republicano, otra señal de que la presión por fiscalización ya desbordó el debate partidista. Para el Congreso y para gobiernos como el dominicano, el caso vuelve a poner sobre la mesa una lección política e institucional: las decisiones públicas que se presentan como necesarias terminan expuestas cuando el resultado observable obliga a detenerlas y revisar su costo real.