Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, reconoció este lunes que la Ley 30-26, aprobada por el Congreso como un paquete de medidas de impulso económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, no corrige el problema estructural de las finanzas públicas dominicanas. Aun así, defendió la iniciativa como una salida viable para la coyuntura actual y recordó que sigue pendiente un pacto fiscal de mayor alcance.
En una entrevista en Despierta con CDN, explicó que la ley procura combinar nuevos ingresos, alivios para sectores productivos y la corrección de distorsiones tributarias acumuladas durante décadas. El Gobierno había estimado una captación adicional de entre RD$40,000 y RD$50,000 millones, dentro de una estrategia de consolidación fiscal, combate a la evasión, simplificación y estímulos a la inversión. Con todo, el propio funcionario puso el límite de la pieza al admitir que no resuelve el fondo del desequilibrio fiscal.
Díaz insistió en que la Ley 30-26 no debe interpretarse ni como una reforma fiscal integral ni como un simple parche. Detalló que incluye cambios al Código Tributario, formalización de acuerdos de pago, regulación de descuentos por pronto pago y actualización de definiciones. También precisó que la puesta en vigencia será escalonada: la derogación del impuesto de 1 % a la constitución de compañías será inmediata, mientras que la eliminación del 2 % a las hipotecas tomará dos años y el gravamen selectivo a los seguros de vida se desmontará en tres. Otras disposiciones empezarán a regir desde enero de 2027, entre ellas la ampliación del régimen simplificado de tributación, la eliminación de anticipos para determinados contribuyentes y la indexación del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta.