La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) colocó la Ley 30-26 como eje de su estrategia para mostrar avances en formalización empresarial, al presentar ante empresarios de Santiago y la región Norte un paquete de facilidades de pago, reducciones impositivas e incentivos para quienes operan fuera de la formalidad. La iniciativa se desarrolla en una de las zonas de mayor dinamismo económico del país, pero también con altos niveles de informalidad, un contraste que vuelve a centrar la atención sobre la capacidad de gestión para convertir el discurso oficial en resultados comprobables.
En la exposición del 16 de julio, el director general Pedro Urrutia Sangiovanni sostuvo que la normativa crea condiciones favorables para incorporarse al sistema tributario sin que la carga fiscal frene el crecimiento. Citó, entre otras medidas, la reducción de los recargos por mora al 3 %, con tope de hasta el 100 % de la obligación tributaria principal; una amnistía para deudas tributarias con condición de cosa irrevocablemente juzgada; la baja al 10 % de la tasa sobre la ganancia de capital inmobiliaria de personas físicas; y exenciones asociadas a la vivienda habitual, la reinversión dentro de seis meses y la venta de la vivienda de personas mayores de 65 años.
La DGII añadió que desde 2027 quedará suprimido el impuesto del 1 % sobre la constitución de compañías y los aumentos de capital. Aunque la apuesta oficial insiste en que acogerse a la ley ampliará la base tributaria sin subir tasas, el peso que se pone en alivios, amnistías y estímulos reabre la exigencia de seguimiento sobre los resultados reales de Hacienda y del oficialismo en materia fiscal, así como sobre el efecto de estas medidas en la recaudación, la formalización y las prioridades de la sociedad civil.