La Operación XL526, presentada por el Ministerio Público contra una supuesta red dedicada a la extorsión y al lavado de activos, pasó del impacto operativo al escrutinio institucional luego de que abogados defensores denunciaran presuntas irregularidades y vulneraciones a derechos fundamentales de los detenidos.
De acuerdo con los juristas, durante los 28 allanamientos practicados en Santiago y Puerto Plata se habrían producido arrestos sin las debidas órdenes judiciales, además de limitaciones al acceso a la defensa técnica. Añaden que algunos imputados fueron incomunicados y no pudieron contactar a familiares ni a sus representantes legales en las primeras horas, mientras también ponen en duda la presentación de pruebas por un supuesto incumplimiento de los protocolos de cadena de custodia.
La operación dejó 20 arrestos, entre ellos cinco identificados como cabecillas, y fue ejecutada por 35 fiscales junto con la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado y HSI Santo Domingo. Aunque el Ministerio Público sostiene la legalidad del caso y asegura contar con abundante evidencia de estafa, chantaje y lavado de activos mediante criptomonedas y transferencias electrónicas, las denuncias de la defensa colocan el foco en la obligación de responder por el respeto a las garantías constitucionales en un proceso de alto perfil.