La denuncia de presunto maltrato infantil en un centro de atención de San Pedro de Macorís volvió a colocar bajo escrutinio la capacidad real de vigilancia del sistema de protección, luego de que CONANI informara que pidió al Ministerio de Educación un informe sobre la supervisión de ese establecimiento mientras el caso sigue en manos del Ministerio Público.
El propio organismo dijo que actúa “en nuestra calidad de órgano rector del Sistema Nacional de Protección”, pero el hecho de que la intervención llegara tras denuncias y terminara con las personas responsables del centro detenidas refuerza el contraste entre el discurso institucional y lo ocurrido dentro del lugar investigado.
Según CONANI, su Oficina Regional Higuamo participó en el operativo por requerimiento de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en coordinación con el Ministerio Público y otras instituciones. De acuerdo con las autoridades a cargo de la investigación, los niños y niñas fueron entregados a sus padres, madres o tutores.
Aunque CONANI reiteró su compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia y con el debido proceso, el caso deja una alerta institucional difícil de obviar: si fue necesaria una intervención con detenciones para actuar, la prioridad ahora no es solo acompañar el expediente, sino esclarecer cómo operaba el centro bajo la mirada de los organismos llamados a supervisarlo y evitar que la respuesta oficial se limite a reaccionar cuando el daño ya está denunciado.