La decisión de enviar a juicio de fondo al exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz quedó otra vez bajo cuestionamiento luego de que su defensa sostuviera que la acusación se apoya más en una narrativa construida durante años que en las pruebas incorporadas al expediente tras casi seis años de investigación y proceso judicial. Los abogados también objetaron que la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional rechazara la solicitud de extinción de la acción penal, pese a que, según afirman, la propia decisión no atribuye a Guerrero Ortiz ni a sus representantes una sola actuación dilatoria durante el juicio preliminar.
En un comunicado, Eduardo Núñez, María del Pilar Zuleta y Manuel Rodríguez cuestionaron además uno de los ejes centrales de la acusación: el alegado fraude vinculado a RD$ 21 mil millones. La defensa recordó que durante la fase preliminar fueron incorporadas certificaciones oficiales que, según expone, establecen que esos recursos nunca salieron del patrimonio estatal. Añadió que el Banco de Reservas certificó que los RD$21 mil millones fueron recibidos y aplicados al programa de pago a contratistas del Estado, conforme a su Informe Anual 2020.
Los abogados sostienen también que las pruebas debatidas en audiencia preliminar demostraron que los pagos por expropiaciones se hicieron dentro del marco legal, con respaldo de sentencias judiciales y tasaciones autorizadas. En esa misma línea, señalaron que la propia jueza ordenó el pago del 20 % restante de varias expropiaciones, lo que, a juicio de la defensa, reconoce la existencia de esas obligaciones y vuelve a poner el acento sobre la necesidad de mayor rigor institucional y rendición de cuentas en procesos judiciales de alto impacto público.