El cumplimiento parcial de la Ley 155-17 sigue dejando brechas abiertas en el sector empresarial dominicano, con una aplicación más avanzada en las entidades financieras, pero todavía desigual en buena parte de la economía.
La situación plantea un reto de supervisión y control que no se resuelve solo con la existencia de la norma: lo determinante es si las empresas cuentan con mecanismos efectivos para detectar operaciones vinculadas al lavado de activos y si las autoridades aseguran una fiscalización consistente.
De acuerdo con el enfoque de la pieza original, el mayor avance se concentra en el sistema financiero, mientras persisten fallas en la aplicación efectiva de la ley en otros segmentos empresariales. Esa disparidad sugiere que el cumplimiento no está siendo uniforme y que la supervisión sigue siendo insuficiente en áreas donde también existen riesgos.
El problema no es únicamente normativo, sino de ejecución. Una ley puede estar vigente, pero sin controles homogéneos, seguimiento institucional y verificación de resultados, las brechas se mantienen abiertas y la capacidad de prevención se debilita.
En ese contexto, el interés público está en exigir mayor rendición de cuentas sobre cómo se supervisa el cumplimiento, qué tan efectivas son las medidas aplicadas y qué impacto real tienen en la detección de operaciones sospechosas dentro del sector empresarial.