El histórico anuncio de 176 reformas en favor de la economía de mercado en Cuba quedó atravesado por una realidad que exhibe el costo social de la crisis: muchos ciudadanos ni siquiera pudieron verlo por televisión porque no tenían electricidad en sus casas. En una isla golpeada por la falta de alimentos, agua y combustible, y con la economía paralizada, la apertura fue seguida con atención por actores del sector privado en La Habana y por cubanos en el extranjero, aunque también con la expectativa de que los cambios no se queden en el discurso.
Las medidas, adoptadas el jueves, apuntan a atraer a la diáspora mediante la posibilidad de abrir empresas, adquirir participaciones en compañías estatales y desarrollar infraestructuras turísticas. Carlos Dibus, un experto en logística que emigró a Noruega hace 19 años, dijo a la AFP que las reformas “podrían funcionar maravillosamente” si se aplican bien y que quizá monte un negocio en la isla. Amarilys Veloz, propietaria de un apartamento turístico en La Habana Vieja, valoró que las personas puedan invertir con más seguridad en Cuba y destacó incentivos ligados al turismo y a la adquisición de autos eléctricos sin pagar impuestos.
Sin embargo, el propio panorama que describen en la isla marca la distancia entre la promesa de apertura y las urgencias cotidianas. Mientras muchos celebran cualquier cambio que pueda apaciguar a Washington, cuyo bloqueo petrolero desde enero ha agravado la crisis, la reacción de la diáspora y del sector privado deja planteada una exigencia de vigilancia sobre la ejecución de las medidas y sobre su capacidad real para aliviar la vida de la población, más allá del anuncio oficial.