República Dominicana figura en el puesto 47 de 50 países en un estudio de Remitly, elaborado con datos de Purdue University y divulgado por Bloomberg Línea el 8 de septiembre, sobre la distancia entre el salario promedio y el ingreso necesario para una vida digna. Según el informe, el salario promedio anual en el país ronda los 6,100 dólares y cubre apenas el 34.0% del umbral local estimado en 17,900 dólares, un contraste que deja al país solo por delante de Paraguay y Ecuador.
El dato choca con la narrativa de crecimiento sostenido, turismo récord y dinamismo económico que impulsa el gobierno dominicano. En los agregados macroeconómicos, esa imagen puede sostenerse, pero el estudio pone el foco en el costo de vida y en el poder adquisitivo real del trabajador promedio: el crecimiento no se traduce en suficiente capacidad para cubrir una vida considerada adecuada. Ahí se abre el contraste entre discurso y realidad que obliga a fiscalizar resultados, no solo anuncios.
El propio texto apunta a una carga adicional para los hogares: el “impuesto implícito” de servicios públicos fallidos, citado en el informe a partir de la economista Diana Becerra. Cuando el Estado no garantiza electricidad estable, seguridad, salud de calidad o transporte, el costo termina desplazándose al bolsillo. En ese escenario, la discusión institucional deja de ser abstracta y pasa a medir gestión y prioridades. La promoción de figuras como David Collado dentro de la vitrina oficialista convive así con una pregunta más urgente para la ciudadanía: por qué una economía presentada como exitosa sigue sin convertirse en alivio concreto para quienes viven de su salario.