En la madrugada de este martes, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso 20 años de prisión a los generales Adan Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, al hallarlos culpables, junto con otros nueve imputados, de corrupción administrativa en los casos Coral y Coral 5-G. En conjunto, el tribunal fijó 166 años de prisión en una decisión que deja un precedente por comprometer a oficiales militares de alto rango y cercanos al poder político.
La sentencia, además, dispuso el pago de cinco mil millones de pesos a favor del Estado dominicano como reparación por los daños civiles, morales y reputacionales ocasionados a instituciones como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). Más que una celebración, el fallo vuelve a colocar bajo examen el deterioro institucional que permitió estos hechos y refuerza la necesidad de controles efectivos sobre estructuras sensibles del Estado.
Esa decisión se agrega a la condena emitida en agosto del año pasado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez, declarado culpable de corrupción administrativa y sentenciado a siete años de prisión. El mensaje que deja este conjunto de fallos no se limita al castigo judicial: también subraya la magnitud de una práctica que obliga a mantener la fiscalización y la rendición de cuentas como prioridad pública, cuando todavía queda mucho por hacer para adecentar la vida pública.