Las condenas emitidas esta semana en el caso Coral y Coral 5G devolvieron al centro del debate una de las respuestas más citadas del poder frente a las denuncias sobre el uso de recursos públicos: “¿Cuál corrupción?”. En 2016, mientras distintos sectores alertaban sobre irregularidades, el entonces presidente Danilo Medina respondió con esa frase, que sus seguidores usaron después para defender que su gestión estaba libre de actos ilícitos.
La decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional coloca ahora un contraste contundente con aquel discurso. El tribunal impuso 20 años de prisión al mayor general Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, al hallarlos culpables de integrar un entramado de corrupción y lavado de activos que desfalcó al Estado dominicano con miles de millones de pesos. También fueron condenados a 15 años de prisión el general Julio Camilo de los Santos Viola y la pastora Rossy Guzmán.
A su vez, recibieron condenas de 10 años de prisión Esmeralda Ortega Polanco, Boanerges Reyes Batista, José Manuel Rosario Pirón, Kelman Santana Martínez y Franklin Antonio Mata Flores. Más que cerrar un expediente judicial, la sentencia reactiva la exigencia de vigilancia sobre el uso de los fondos públicos y deja en evidencia el costo institucional de ignorar a tiempo las alertas sobre corrupción.