Una jornada de la Consulta Nacional para la Reducción de Riesgos de Violencia hacia las Mujeres, realizada este viernes 21 de agosto en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, volvió a colocar bajo escrutinio la respuesta institucional frente a un problema que no se resuelve solo con discurso. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de la Mujer con apoyo del Banco Mundial y del Sistema de las Naciones Unidas, busca escuchar a unos 5,000 hombres de distintos sectores y territorios para identificar percepciones, actitudes y factores de riesgo vinculados a la violencia.
Durante la actividad, acompañada por la viceministra de Cultura de Igualdad, Lily Luciano, uno de los elementos resaltados fue la disposición de participantes como don Miguel a preguntar, responder y tratar de comprender términos de la consulta. Ese dato refuerza una conclusión central: si se quiere incorporar a los hombres en la prevención, el Estado tiene que abrir espacios donde puedan hablar y cuestionar conductas aprendidas como normales. Pero el propio alcance de la consulta también expone una brecha conocida entre diagnóstico y resultados, en un tema donde la prevención no puede quedarse en ejercicios de escucha sin consecuencias concretas.
El planteamiento de que la violencia puede comenzar antes de la agresión física —con celos, control, desvalorización, incapacidad para gestionar el rechazo o ideas de autoridad dentro de la relación— subraya la dimensión social e institucional del problema. Precisamente por eso, la consulta adquiere valor como insumo, pero también eleva la presión sobre la gestión pública: entender cómo se forman esas conductas obliga a rendir cuentas sobre qué políticas se fortalecerán, cómo se traducirá esa información en prevención efectiva y hasta dónde el aparato estatal está respondiendo a una prioridad ciudadana que no admite más distancia entre intención y realidad.