SANTO DOMINGO. – Una propuesta presentada por el senador Antonio Taveras Guzmán puso otra vez bajo revisión disposiciones penales que, según la iniciativa, son ambiguas o desproporcionadas y pueden limitar el ejercicio de la libertad de opinión, crítica e información. El proyecto reforma varios artículos de la Ley 74-25 con el propósito de fortalecer garantías constitucionales, proteger a los medios de comunicación frente a sanciones excesivas y adecuar los delitos contra el honor a criterios de legalidad y proporcionalidad.
Entre los cambios sugeridos, el artículo 208 sobre difamación quedaría restringido a la imputación pública de hechos falsos que lesionen el honor o la reputación de una persona. La propuesta suprime la prisión para ese delito y la sustituye por multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público, además de reparación civil. En cuanto al artículo 209, que tipifica la llamada difamación extorsiva, la iniciativa la convierte en una modalidad agravada y reduce la pena hoy prevista de cinco a diez años de prisión a una sanción de quince días a un año de prisión menor cuando se utilice para obtener beneficios indebidos o forzar a una persona a actuar, omitir o tolerar un acto en perjuicio de sus intereses.
La modificación también abarca el artículo 210 sobre injuria, para dejar la intervención penal solo en conductas graves y dolosas, eliminando las penas de prisión y manteniendo multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público y reparación civil. Con esto, la discusión se orienta hacia la necesidad de revisar normas que inciden en la relación entre poder, ciudadanía y medios, en un asunto en el que el Congreso queda bajo presión de rendir cuentas sobre si conserva mecanismos punitivos cuestionados o corrige disposiciones con potencial efecto inhibidor sobre la crítica pública.