La denuncia de Pascuala López vuelve a colocar sobre la mesa la falta de protección efectiva ante fraudes que afectan de forma directa a familias en busca de una vivienda. Según su relato, la mujer adquirió por internet una casa en Santo Domingo Este, acordó pagar RD$1,050,000 tras ver una oferta inicial de RD$1,100,000 y, menos de 15 días después, terminó prácticamente en la calle y sin el dinero entregado.
Según la versión ofrecida por la familia, el primer contacto se produjo a través de una página en internet que promocionaba el inmueble y luego pasó a un hombre identificado como Pedro Cordero, presentado como supuesto propietario. La denunciante explicó que la entrega del dinero se hizo en efectivo, de forma presencial y acompañada por un abogado, luego de que el vendedor alegara no tener cuenta bancaria. Incluso, aseguraron que existe un video del momento en que el hombre recibe el dinero dentro de una entidad bancaria.
Después de recibir el efectivo, el supuesto vendedor les habría dicho que podían mudarse de inmediato. No obstante, días más tarde, Pascuala denunció que fue desalojada por el propietario de la vivienda acompañado de militares. El caso, presentado como una presunta estafa inmobiliaria, refleja el costo social de este tipo de fraudes y reabre la necesidad de mayor vigilancia y rendición de cuentas ante operaciones que dejan a ciudadanos sin vivienda y sin recursos.