La discusión sobre los combustibles vuelve a dejar al descubierto la distancia entre la explicación oficial y lo que finalmente desembolsa la población. Aunque cada semana el precio se atribuye al mercado internacional y al costo del petróleo, el esquema descrito en la nota indica que una parte importante de cada galón responde a una estructura fiscal sostenida durante décadas por distintos gobiernos, con efecto directo en el costo de vida.
El texto apunta que, cuando el petróleo cae con fuerza, la reducción en la bomba suele llegar tarde y en menor proporción, mientras que las alzas se trasladan con rapidez. Para el consumidor, el saldo es desigual: casi nunca recibe el alivio completo y casi siempre termina asumiendo el golpe íntegro. Esa realidad, sumada a la ausencia de una cifra oficial única sobre cuánto retiene el Estado, refuerza la exigencia de mayor transparencia a Hacienda y al gobierno dominicano sobre la composición real del precio.
De acuerdo con la estimación citada, entre un 32 % y más de un 40 % del precio de cada galón corresponde a impuestos y cargos públicos, según el combustible y la semana. En la gasolina premium del 10 al 16 de octubre, vendida a RD$358.10, el cálculo presentado sitúa en unos RD$134 por galón, cerca del 37 %, la porción asociada al monto fijo de la Ley 112-00, al selectivo de 16 % ad valorem y a los RD$22 por galón dirigidos al fondo de transporte que maneja el INTRANT. Con ese panorama, la discusión sobre el “subsidio” anunciado por el Gobierno —RD$31.81 por galón de gasolina premium cuando costaba RD$353.10 la semana anterior— queda atravesada por una pregunta de rendición de cuentas: cuánto del alivio comunicado compensa, en realidad, una carga que ya se cobra por adelantado al ciudadano.