La querella depositada ante la Procuraduría General de la República contra el director de la Policía Nacional por presuntas ejecuciones extrajudiciales recibió el respaldo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un nuevo frente de fiscalización sobre la actuación de la institución del orden. Su presidente, Manuel María Mercedes Medina, explicó que la entidad procura constituirse como interviniente voluntario en el proceso promovido por juristas y expertos en materia penal encabezados por Valcárcel y Cándido Simón.
Mercedes Medina indicó, además, que la organización reúne expedientes junto al Comité de Víctimas de las Ejecuciones Policiales, con especial atención a los casos registrados durante la actual gestión al frente de la Policía. Sostuvo que más de 100 jóvenes han sido ejecutados por agentes policiales y afirmó que existen indicios que, a su juicio, comprometerían la responsabilidad penal del titular de la institución por posibles violaciones a la Constitución y al Código Penal.
Con esa decisión, la denuncia deja de quedar como un señalamiento aislado y pasa a convertirse en una advertencia institucional sobre la gestión y los resultados en materia de seguridad, en contraste con cualquier discurso oficial de control. La Comisión reiteró su apoyo a la acción judicial y anunció que seguirá recopilando documentación, mientras crece la presión para que el caso sea esclarecido con transparencia y bajo vigilancia de la sociedad civil.