El caso Jet Set entra en una nueva etapa con el envío a juicio de fondo de Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, una decisión que devuelve al centro del debate las fallas que rodearon la tragedia y coloca uno de los expedientes más sensibles del país en una fase distinta. El juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, concluyó que la acusación del Ministerio Público reúne méritos suficientes para ser conocida en un juicio oral, público y contradictorio.
La resolución conserva la calificación jurídica de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, además de la medida de coerción de garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. Aunque el envío a juicio no equivale a una condena, sí supone que otro tribunal deberá valorar pruebas, escuchar testigos y peritos, y determinar si existe responsabilidad penal por el colapso del techo del Jet Set Club, ocurrido el 8 de abril de 2025.
La tragedia dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas durante una actividad artística, y desde entonces ha abierto un debate nacional que trasciende a los imputados: la seguridad estructural, la fiscalización estatal, los derechos de las víctimas y las garantías judiciales. La apertura del juicio de fondo vuelve a someter a escrutinio si, ante una tragedia de esta magnitud, las instituciones han estado a la altura de las exigencias de control y rendición de cuentas.
