Kevin Warsh asumió la presidencia de la Reserva Federal el viernes 15 de mayo, ocho años después de haber estado entre las opciones que Donald Trump descartó cuando eligió a Jerome Powell, a quien ahora sustituye. Exgobernador de la Fed entre 2006 y 2011 bajo Ben Bernanke, Warsh planteó como objetivos reducir el balance de la entidad, hoy en US$6.7 billones, bajar los tipos de interés y preservar la autonomía del banco central.
El relevo, sin embargo, llega bajo una presión política que vuelve a poner en primer plano la necesidad de fiscalización institucional. Las dudas crecieron después de que Trump dijera que se sentiría decepcionado si una Reserva Federal encabezada por Warsh no cumple con la promesa de bajar las tasas de forma inmediata. El contraste con los datos es evidente: estadísticas recientes de Estados Unidos no justifican abaratar el precio del dinero, mientras la inflación subió a 3,8% en abril, su nivel más alto desde mayo de 2023, impulsada por el alza de la energía tras la guerra de Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz. A eso se suman un déficit público que no baja de 6% y una deuda pública superior al 100% del PIB.
Con la guerra en Irán empantanada y más incertidumbre tras la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, el escenario apunta a un petróleo por encima de US$100 el barril, con más presión sobre los precios y menor dinamismo económico. En ese contexto, la advertencia es institucional y social a la vez: si la autonomía de la Fed cede ante exigencias políticas, el dólar y la confianza en la política monetaria quedarían bajo mayor riesgo, justo cuando crecen los temores de estanflación y hasta de otra recesión.