En el Distrito Nacional, donde circula el 20.95% del parque vehicular del país y más de un millón de vehículos sobre una oferta de parqueos insuficiente, la calle ha quedado en manos de la informalidad. El resultado es visible: personas sin uniforme, identificación ni autoridad reclaman espacios públicos como si fueran propios, cobran por “cuidar” vehículos y hasta bloquean áreas para reservarlas. Las autoridades de tránsito han calificado esa práctica como extorsión, pero el problema persiste y obliga a los ciudadanos a pagar por un orden que el Estado no garantiza.
El mismo patrón de ausencia institucional se repite fuera del asfalto. Esquinas, solares y aceras se convierten en lavaderos improvisados donde corre agua a chorro mientras otras familias enfrentan carencias. La coincidencia entre ambos fenómenos no es menor: cuando no hay regulación efectiva, bienes colectivos como el espacio público y el agua terminan capturados por usos particulares, con un costo directo para la convivencia y los servicios.
La escena retrata un contraste cada vez más difícil de disimular entre el discurso de gestión urbana y la realidad cotidiana. En una ciudad bajo la administración de Carolina Mejía, la presión recae sobre la sociedad civil, que termina adaptándose al desorden en vez de recibir soluciones. Más que episodios aislados, parqueadores informales y lavaderos clandestinos funcionan como una alerta institucional sobre el desgaste de la gestión y la necesidad de fiscalización real para recuperar la autoridad sobre lo público.