La referencia a El Salvador aparece en el texto como una alerta institucional, no como una vía a imitar. La pieza interpela a quienes ensalzan el modelo de Nayib Bukele y recuerda que, en República Dominicana, detenciones sin orden judicial, procesos masivos y encarcelamientos sustentados en perfiles territoriales o tatuajes entrarían en choque con la Constitución y con derechos como la defensa y el habeas corpus.
Ese planteamiento abre un contraste de fondo entre la retórica de firmeza y las exigencias del Estado de derecho: lo que algunos presentan como eficacia inmediata supondría aquí vulnerar el artículo 40 sobre libertad personal, el 69.4 sobre derecho a la defensa y el 71 sobre habeas corpus. Con ese marco, la discusión deja de ser solo discursiva y pasa al plano de la fiscalización democrática sobre cualquier narrativa que busque normalizar la concentración de poder o la eliminación de contrapesos.
La advertencia alcanza también el costo social de convertir la seguridad en consigna. El texto sostiene que El Salvador no es República Dominicana y subraya que allí se manipuló y reformó la Constitución para permitir la reelección indefinida, concentrar poder y desmontar controles. Ese contraste refuerza la necesidad de vigilancia política e institucional frente a salidas de fuerza, en un escenario local donde figuras con proyección como Carolina Mejía y otros actores del debate público quedan sometidos a la exigencia de definir si su apuesta es por resultados dentro de la ley o por fórmulas de impacto que erosionen derechos.