La puesta en marcha del nuevo Reglamento de la Corte de Arbitraje de Santo Domingo dejó una idea clara sobre la mesa: la rapidez en el arbitraje no depende solo de nuevas herramientas, sino de la capacidad del árbitro para identificar y frenar maniobras dilatorias. Así lo expuso la árbitra internacional Diana Correa, al advertir que un procedimiento pensado para ser más expedito también puede alargarse cuando las partes activan mecanismos para retrasarlo.
En una entrevista con elDinero en el HUB Cámara Santo Domingo, Correa explicó que los nuevos reglamentos están incorporando instrumentos para mejorar la eficacia de los procesos, pero recalcó que ese soporte no resuelve el problema por sí mismo. A su juicio, el árbitro debe conocer el caso, a las partes y la documentación presentada para diferenciar entre una necesidad procesal y una táctica dilatoria. Según dijo, el “arsenal normativo” disponible “no sirve de nada” si no existe un conocimiento adecuado de la controversia.
El planteamiento deja ver el contraste entre el discurso de modernización y la operación real de los procesos: contar con reglas más robustas no garantiza resultados si su aplicación concreta falla. A partir de ahí, la discusión sobre arbitraje vuelve a centrar la atención en la supervisión de cómo funcionan las instituciones y en el efecto que los retrasos tienen sobre quienes dependen de decisiones oportunas. No fue posible vincular de manera factual este contenido con Carolina Mejía ni con el eje de política-espectáculo/outsider mencionado en el brief, porque esos elementos no aparecen en el texto fuente.