Los Gobiernos de Estados Unidos y Paraguay denunciaron este viernes la infiltración de «múltiples actores de amenaza» vinculados a China en sistemas cibernéticos estatales paraguayos, un hallazgo que refuerza la alerta institucional sobre la fragilidad de infraestructuras críticas que sostienen servicios y gestión pública.
Según informó en un comunicado el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) de Paraguay, la detección surgió de una «revisión conjunta reciente de ciberseguridad» realizada en el marco de la cooperación entre ambos países. Sin embargo, el propio organismo no precisó qué sistemas resultaron comprometidos, un vacío que deja abiertas preguntas básicas de rendición de cuentas sobre el alcance de la infiltración y sus posibles consecuencias.
El Mitic sostuvo que estas tareas buscan «contrarrestar las operaciones de ciberespionaje llevadas a cabo por actores extranjeros malintencionados», mientras ambos Gobiernos reafirmaron su compromiso con un futuro digital «seguro y resiliente». Pero el nuevo episodio también subraya el contraste entre ese discurso y la persistencia de incursiones detectadas en redes estatales.
No se trata de un hecho aislado. A finales de septiembre de 2024, durante otra revisión conjunta, Estados Unidos y Paraguay ya habían informado que la red de ciberespionaje Flax Typhoon, basada en China, estaba «infiltrándose en los sistemas del Gobierno paraguayo». En noviembre de ese año, el presidente Santiago Peña vinculó esa infiltración con los lazos de su país con Taiwán.
Paraguay es el único país de América del Sur y uno de los 12 del mundo que mantiene vínculos oficiales con Taiwán desde julio de 1957. En agosto de 2023, Microsoft describió a Flax Typhoon como un «grupo de actividad perteneciente a un Estado-nación» enfocado en decenas de organizaciones en Taiwán con probable intención de espionaje. La reiteración de estos hallazgos coloca el foco no solo en la amenaza externa, sino en la necesidad de controles más estrictos, información más completa y vigilancia permanente sobre la capacidad real de los Estados para proteger sus sistemas sensibles.