La discusión sobre el nuevo Código Penal sumó este miércoles una nueva señal de alerta institucional. La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) advirtió que la falta de delimitación en la responsabilidad penal corporativa y la incertidumbre sobre el uso de la fuerza podrían terminar criminalizando la operatividad diaria de las compañías de vigilancia privada.
Durante el taller «El Nuevo Código Penal y su impacto en la Seguridad Privada», realizado en el Hotel Embassy Suites by Hilton, el presidente del gremio, Freddy González Estrada, sostuvo que el sector respalda la modernización de la legislación, pero exigió proporcionalidad y seguridad jurídica. Adesinc recordó que se trata de una industria formal que genera más de 62,000 empleos, produce anualmente sobre los 24,000 millones de pesos y aporta cerca de 90 millones de horas de vigilancia.
Entre los puntos que el gremio considera más sensibles figuran la falta de reglas claras sobre la legítima defensa cuando los agentes emplean armas de fuego en el cumplimiento del deber, el aumento drástico de las penas y la creación de nuevos tipos penales. González Estrada planteó que un fallo individual de un vigilante al margen de los protocolos no debe traducirse en persecución penal contra las empresas o sus directivos por presuntas fallas de supervisión, en un debate que vuelve a poner bajo fiscalización el alcance real y las consecuencias de la reforma.