La Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) respaldó la ley que deja permanente la exoneración del anticipo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al sector agropecuario, al considerar que la disposición ofrece mayor seguridad jurídica a la actividad productiva.
Sin embargo, el anuncio también abre una discusión que no puede quedar en el terreno de la celebración. Al tratarse de una medida de impacto fiscal, el debate público pasa por saber cuál será su costo para el Estado, cómo se medirá su efecto en la inversión y la producción, y qué seguimiento se hará para determinar si realmente contribuye al abastecimiento.
La posición del gremio se inscribe en un reclamo histórico del sector agropecuario, que ha defendido mecanismos de alivio tributario como una herramienta para sostener su actividad. En ese contexto, la permanencia de la exoneración es presentada por sus defensores como una garantía de estabilidad regulatoria.
Aun así, el interés ciudadano no se agota en la aprobación de la medida. Cuando el Gobierno respalda o consolida beneficios tributarios de esta naturaleza, corresponde que explique con claridad su alcance, el impacto esperado y los criterios usados para evaluar si la política pública cumple su propósito o termina trasladando el costo sin resultados verificables.
Hasta ahora, la postura de ADA refuerza la visión de que el sector necesita reglas estables. Pero la fiscalización sobre la medida seguirá siendo necesaria para establecer si la permanencia del beneficio se traduce en mayor producción, más inversión y mejores condiciones de abastecimiento, o si únicamente prolonga una exención sin una evaluación pública suficiente.