La acusación formal presentada por Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro reactivó uno de los expedientes más sensibles entre Washington y La Habana y devolvió al primer plano un caso que durante décadas siguió marcado por reclamos de justicia pendientes. El anuncio fue hecho por el fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, en Miami, frente a la Freedom Tower.
Según el Departamento de Justicia, Castro enfrenta cargos por conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, homicidio y destrucción de aeronaves por el derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate. De acuerdo con investigaciones posteriores de organismos internacionales, las aeronaves fueron abatidas por un caza MiG-29 de la Fuerza Aérea Cubana mientras realizaban una misión sobre aguas internacionales.
La Organización de Aviación Civil Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyeron años después que el hecho ocurrió en espacio aéreo internacional y que Cuba no aplicó los protocolos habituales de interceptación. Las víctimas fueron Armando Alejandre, Carlos Alberto Costa, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales. La decisión anunciada en Estados Unidos fue recibida con aplausos por exiliados cubanos en Miami y retoma una exigencia sostenida por familiares y legisladores cubanoamericanos: que un episodio con cuatro muertos no quedara sin consecuencias judiciales.