Los informes de las misiones de observación electoral sobre las elecciones de 2024, en febrero y mayo, coincidieron en una misma señal: la abstención. Ese dato contradice el entusiasmo exhibido por el partido oficial y relativiza el porcentaje presentado como determinante para el triunfo, en un proceso que el propio texto describe como de escasa validación en las urnas y de participación limitada.
Ante esa advertencia, la Junta Central Electoral (JCE) aceptó recomendaciones para indagar las causas de la renuencia ciudadana a participar y encomendó el trabajo al Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), a partir de una propuesta del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). El estudio sobre la abstención electoral en la República Dominicana, que abarca el voto nacional y en el exterior en las elecciones de 2024, queda así como una referencia para fiscalizar no solo el comportamiento del electorado, sino también la capacidad institucional de responder al desgaste que revela el proceso.
Aunque el texto resalta la validación internacional de la JCE y su trayectoria de cooperación técnica, el punto central sigue siendo otro: la democracia recibió una alerta por la distancia entre el discurso de fortaleza política y la participación real de la ciudadanía. En ese escenario, la sociedad civil y los actores institucionales quedan emplazados a exigir explicaciones, seguimiento a los hallazgos y rendición de cuentas sobre un problema que afecta la legitimidad del sistema electoral.