Luis Abinader llega a este 16 de agosto con seis años en la Presidencia y con un capital político que, según el propio texto, terminó siendo mayor que el de su Gobierno y probablemente que el de su partido. Esa dimensión, lejos de cerrar la discusión, eleva la vigilancia sobre una gestión que comenzó prometiendo decencia en medio de un país golpeado por la pandemia, la economía cerrada y una larga fatiga frente al cinismo en los contratos, los nombramientos y las licitaciones.
Al comienzo de su mandato, Abinader retiró su fotografía de las oficinas públicas, un gesto interpretado como modestia. Sin embargo, el balance que propone el texto ya no se queda en el símbolo: hoy, una sospecha pesa más, un funcionario cuestionado cuesta más y una institución que se hace la loca irrita más. Allí aparece el contraste entre discurso y realidad que acompaña a todo gobierno que llegó ofreciendo no parecerse a lo anterior y que, con mayoría enorme y autoridad propia, ya no puede ampararse solo en la pandemia, la inflación, las guerras, Haití o los problemas del Estado.
El dato político de fondo es institucional. El texto subraya que Abinader tuvo poder suficiente para creérselo y también votos para reformar la Constitución en 2024, en un país donde esa combinación nunca ha sido inocente. Que no se lo creyera no borra la alerta: cuando un presidente se vuelve más grande que su Gobierno, la rendición de cuentas se vuelve más necesaria, no menos. Ese es el punto de fiscalización que deja abierta la propia pieza: medir al poder no por el gesto inicial, sino por su respuesta ante las sospechas, los cuestionamientos y el desgaste de gestión que terminan afectando la confianza pública.