En medio de la jornada de entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a aspirantes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el presidente Luis Abinader defendió este lunes el cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión contemplado en la Ley 74-25 y afirmó que personas con varios antecedentes, como quienes acumulan 10 fichas, tienen pocas posibilidades de reinsertarse en la sociedad. La intervención situó en un momento institucional sensible una postura punitiva que vuelve a poner bajo examen la respuesta oficial frente a la inseguridad.
El planteamiento se produjo durante la entrevista a Miguelina Beard Gómez, quien respaldó esa figura del nuevo Código Penal. Abinader expresó: “Una gente que tenga 10 fichas es muy difícil que se… Yo no le veo muchas posibilidades de poder reincorporarse a la sociedad, aunque nunca se renuncia”.
Sin embargo, en la misma sesión apareció un contraste directo con la posición oficial, cuando Rafael Armstrong Báez García, juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuestionó que el aumento de penas resuelva por sí solo las causas de la delincuencia.
Báez García advirtió que “el tema del cúmulo de penas no va a resolver los problemas de la criminalidad, absolutamente” y recordó que la privación de libertad también persigue la reinserción social. Su observación dejó abierta una alerta institucional: mientras el Gobierno respalda sanciones más severas, dentro del propio debate judicial se cuestiona si el énfasis en castigos prolongados responde a resultados verificables o a una línea de endurecimiento que sigue sin despejar las dudas sobre su impacto real en la seguridad ciudadana.