Luis Abinader emitió el Decreto 675-26 para reformar el Reglamento de Licencias de Conducir y acatar la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional, que consideró contraria a la Constitución la diferencia fundada exclusivamente en la edad para condicionar o reducir la vigencia de las licencias. La disposición deja sin efecto el Decreto 330-26 y establece una vigencia uniforme de cuatro años para licencias y autorizaciones, con vencimiento el día del cumpleaños de su titular.
Con ese ajuste, la edad deja de ser el criterio único para limitar, recortar o negar la vigencia de una licencia. La valoración de la aptitud para conducir pasa a depender de exámenes físicos, teóricos y prácticos, bajo las facultades previstas en la Ley 63-17 y del Intrant.
Aunque el decreto plantea la medida como una garantía de seguridad jurídica y una forma de evitar un vacío normativo, la decisión confirma que fue necesaria la intervención del Tribunal Constitucional para corregir una restricción que afectaba los procesos de renovación.
La norma también mantiene que la suspensión o cancelación de una licencia solo procederá por las causas establecidas en la ley, cuando el titular deje de cumplir los requisitos exigidos o cuando un certificado médico así lo demuestre. Con ello, el nuevo esquema queda ahora bajo vigilancia pública y de la sociedad civil, en un asunto de servicio que toca directamente a los ciudadanos y reabre el debate sobre la capacidad del Gobierno dominicano para anticipar conflictos institucionales en vez de llegar a ellos por corrección judicial.