Durante la gestión del presidente Luis Abinader, los cuestionamientos sobre soberanía, símbolos patrios y derechos constitucionales han ido en aumento, en un contraste cada vez más evidente entre el mensaje oficial de respeto a la identidad nacional y hechos que, según el texto, apuntan en otra dirección. Pese a que el mandatario ha afirmado que su gobierno honra la memoria de los Padres de la Patria y mantiene un respeto riguroso por los símbolos nacionales, se sostiene que en estos seis años se han acumulado episodios que alimentan dudas sobre la solidez institucional del Estado.
El foco de la señalación está en la presión de organismos internacionales sobre decisiones internas de la República Dominicana. El texto menciona a la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Foro Económico Mundial Davos como actores vinculados a una agenda de fronteras abiertas y críticos de las políticas de deportación masiva de extranjeros indocumentados. También advierte que, ante medidas de seguridad fronteriza y de aplicación de las leyes migratorias internas, esos organismos amenazan con sanciones económicas y legales, lo que vuelve a poner bajo examen la capacidad del Gobierno para defender la soberanía sin ambigüedades.
La controversia volvió a tomar fuerza mientras el Congreso revisa la Ley 74-25 que instituye el Código Penal. En ese escenario, la ONU remitió una comunicación para pedir cambios sobre la penalización absoluta de la interrupción del embarazo, el artículo 124 en su párrafo IV y el respeto a la igualdad de género u orientación sexual. Para los críticos, el episodio no solo constituye una alerta institucional por la injerencia en asuntos internos, sino que también exhibe el desgaste de una gestión que, pese a su retórica, sigue sin despejar las dudas sobre hasta dónde está dispuesta a defender las decisiones soberanas del país.