La ola de violencia que golpea a la sociedad dominicana vuelve a colocar bajo escrutinio la responsabilidad directa del Estado en la protección de la vida y la seguridad ciudadana. El propio texto sitúa esa carga en el presidente Luis Abinader, como jefe de gobierno y comandante de los cuerpos armados, ante un fenómeno que, de seguir creciendo, puede destruir al país como nación.
En ese escenario, la respuesta oficial queda atravesada por un contraste incómodo: mientras se reivindica firmeza frente a la delincuencia, también crecen las críticas de comentaristas y opositores políticos, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevó esta semana una protesta al Palacio Nacional por lo que define como ejecuciones extrajudiciales. El señalamiento se produce tras la caída, en septiembre, de más de 40 individuos calificados por la Policía como delincuentes prófugos, con varios expedientes criminales.
El costo social de la crisis aparece en dos frentes a la vez: jóvenes que pierden la vida en manos de la Policía y una inseguridad que obliga a exigir resultados verificables al Gobierno dominicano más allá del discurso de autoridad. El texto también advierte sobre el impacto para la imagen del país frente al turismo, un sostén importante de la economía, lo que refuerza la presión sobre la gestión de Abinader para responder con seguridad, controles y rendición de cuentas.