La mortalidad neonatal registrada en establecimientos públicos fue sistemáticamente mayor que la observada en centros privados entre 2013 y 2022, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). En 2013, la tasa del sector público era 5.7 veces la del privado, con 27.4 frente a 4.8 por mil. Aunque la brecha se redujo con el tiempo, el propio comportamiento de las cifras mantiene una señal de alerta sobre los resultados del sistema y obliga a mirar más allá del discurso general sobre cobertura o atención.
El texto advierte que esa diferencia no puede atribuirse de forma automática solo a la calidad del servicio. Los hospitales públicos concentran embarazos de mayor complejidad, atienden poblaciones con condiciones sociales y económicas distintas y, en varios casos, reciben pacientes graves remitidos desde otras zonas del país. Esa realidad impide lecturas simplistas, pero no elimina el problema de fondo: la persistencia de una brecha de esta magnitud exige vigilancia institucional, revisión de la respuesta pública y transparencia sobre qué parte del rezago responde a carga de riesgo, traslados o cobertura de notificación.
También se señala que una tasa más baja en un establecimiento privado no demuestra por sí sola mejor atención, porque puede influir la concentración de partos de bajo riesgo, el traslado de casos complejos o diferencias en el registro. Precisamente por eso, la comparación obliga a una fiscalización más rigurosa: cuando las tasas brutas no bastan para explicar la distancia entre sectores, lo que corresponde no es relativizarla, sino investigarla a fondo para determinar responsabilidades, corregir fallas y evitar que una brecha persistente siga normalizándose en el sistema público.