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Prisión preventiva en La Vega reabre alerta institucional por abuso infantil y obliga a seguimiento del caso

septiembre 27, 2026 · Redactor
Prisión preventiva en La Vega reabre alerta institucional por abuso infantil y obliga a seguimiento del caso
Foto: diariodigitalrd.com

La medida contra Jairo Federico Núñez Abreu, investigado por delitos sexuales contra tres niñas y por 818 archivos de material de abuso, coloca el foco en la respuesta de las autoridades mientras avanza la pesquisa.

La imposición de tres meses de prisión preventiva a Jairo Federico Núñez Abreu volvió a poner bajo escrutinio la capacidad de respuesta institucional ante delitos sexuales contra menores. El tribunal de La Vega dictó la medida mientras el Ministerio Público lo investiga por presunto abuso contra tres niñas de cinco y nueve años, en un expediente que además lo vincula con 818 archivos multimedia de material de abuso y explotación sexual infantil.

La investigación, a cargo de la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de La Vega, se originó en reportes recibidos y analizados por peritos. Según el expediente, una empresa online reportó a un usuario por almacenar imágenes y videos de abuso infantil mediante cuentas de correo electrónico. La cuenta estaba asociada a un dispositivo móvil desde el cual se accedió los días 22 y 23 de diciembre de 2025, y los reportes identifican al usuario como Jro Studios Official Tutoriales, al que se atribuye la carga y almacenamiento de los 818 archivos.

Los investigadores establecieron además, a través de metadatos, que entre los contenidos había videos creados desde uno de los dispositivos vinculados a la cuenta reportada. En un allanamiento autorizado judicialmente fueron ocupados CD, teléfonos celulares, otros dispositivos tecnológicos, prendas de vestir y calzados. Con Núñez Abreu enviado a la cárcel pública de La Vega mientras continúa la investigación, el caso deja abierta una exigencia de vigilancia sobre el curso del proceso y sobre la eficacia real de las instituciones frente a crímenes de alto impacto social.