Los abogados de la expresidenta argentina Cristina Fernández anunciaron este martes que presentarán una nueva prueba ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y ante la Justicia argentina contra la condena a prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que cumple en prisión domiciliaria. El movimiento reabre el debate sobre la solidez de un caso con consecuencias políticas e institucionales de primer orden.
Según el equipo legal, el reciente testimonio de un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad en una causa judicial paralela reveló fallas en los argumentos de la acusación por irregularidades en la concesión de obras públicas. La defensa sostiene que esa declaración contradice la base de la condena, que atribuía preferencias en licitaciones a compañías del empresario Lázaro Báez, también condenado y cercano a los Kirchner.
El abogado Rafael Valim dijo a EFE que, con esta novedad, están “aún más confiados” en que la condena “injusta y arbitraria” pueda ser anulada o revisada, con recuperación de los derechos políticos y de libertad de Fernández. De acuerdo con los defensores, los datos oficiales muestran que las firmas de Báez habrían recibido el 0,85 % del total de los fondos públicos asignados para obras viales, un elemento que ahora será usado para exigir revisión tanto en el plano interno como internacional. En un contexto regional donde la credibilidad institucional depende de decisiones verificables y no solo de relatos de poder, el caso vuelve a colocar la rendición de cuentas judicial en el centro de la discusión.