La discusión sobre seguridad vial volvió a colocar bajo escrutinio la capacidad de las autoridades para hacer cumplir la legislación vigente. El profesor Dary Terrero advirtió que ha faltado voluntad política para aplicar de manera efectiva la ley de tránsito, en especial en lo relativo a las motocicletas, y vinculó esa debilidad institucional con el impacto humano y económico que dejan los accidentes en el país.
Terrero sostuvo que se han privilegiado medidas de aceptación popular por encima de la responsabilidad de imponer normas en un segmento clave del parque vehicular. A su juicio, el bajo nivel de aplicación de las disposiciones guarda relación con la cantidad de víctimas que se registran por accidentes de tránsito. “Yo creo que el hecho de que tengamos apenas menos de un 20 % de aplicación de esta norma va estrechamente relacionado a la cantidad de muertos que tenemos”, manifestó.
El expositor también llamó a no normalizar las muertes por accidentes y puso el foco en el costo social que la falta de control traslada al sistema de salud y a las familias. “Cuando nosotros, los medios de comunicación, observamos a una madre que va a solicitar un medicamento, para una operación, es porque el dinero que estaba destinado para esa enfermedad tuvo que ser invertido en una persona que tiene un trauma producto de una imprudencia”, explicó. La advertencia refuerza la exigencia de fiscalización sobre una política pública que, pese a contar con marco legal, sigue mostrando una brecha entre discurso y realidad.