La orden de prisión preventiva contra Julio Paula Grullón, señalado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de una estructura vinculada al tráfico de drogas, sicariato y violencia armada, vuelve a poner en primer plano la presión sobre las autoridades por una criminalidad que, según la propia investigación, se habría mantenido durante varios años en San Francisco de Macorís y áreas próximas.
La decisión fue adoptada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte, a solicitud del fiscal Pedro William Concepción. Según la acusación, Paula Grullón habría controlado distintos puntos de venta de sustancias controladas y recurrido a personas armadas para tareas de seguridad y sicariato, en medio de choques entre facciones que habrían dejado ataques, represalias y muertes violentas en la zona.
El expediente también lo vincula con el ataque del 20 de abril de 2026 contra Wagner Guillermo Vásquez, en el callejón Los Cocodrilos del sector Hermanas Mirabal. De acuerdo con el Ministerio Público, José Amaury Fernández y Juan Carlos Núñez Quezada llegaron armados al lugar y dispararon contra Vásquez, quien resultó herido; durante el hecho murió Fernández y Núñez Quezada también quedó herido. Más allá de la medida judicial, el caso deja en evidencia el contraste entre el discurso de control y la realidad de unas estructuras criminales que, conforme a la investigación oficial, operaron por años antes de llegar a esta fase procesal.