El Gobierno de Donald Trump presentó este martes una apelación de urgencia ante el Tribunal Supremo para intentar reactivar SAVE, un sistema de verificación que su Administración amplió para revisar de forma masiva padrones electorales estatales. La ofensiva judicial llega después de que investigaciones posteriores detectaran que muchas personas señaladas por el programa como no estadounidenses eran en realidad ciudadanos de Estados Unidos.
La herramienta, creada originalmente para casos vinculados a determinadas ayudas públicas, fue modificada por la Administración Trump para incorporar nuevas fuentes de datos, incluida información relacionada con la Seguridad Social, y para permitir a autoridades electorales estatales enviar grandes lotes de registros de votantes. Ese cambio formó parte de la campaña del actual Gobierno para probar que existe fraude electoral masivo en el país, pero terminó bajo cuestionamiento por sus efectos sobre derechos y controles institucionales.
En junio, una jueza federal del Distrito de Columbia concluyó que el uso renovado de SAVE era ilegal: sostuvo que se emplearon determinados datos sin autorización adecuada, en violación de leyes de privacidad y de normas sobre el uso de datos de la Seguridad Social, y advirtió además un riesgo considerable de señalar a ciudadanos como no ciudadanos, con peligro para su derecho al voto. Pese a ese fallo, la Fiscalía General estadounidense alegó ante el Supremo que la decisión es «indefendible» y que «amenaza la integridad de las próximas elecciones», en un nuevo choque entre el discurso oficial y las objeciones judiciales sobre el alcance del sistema.