La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) puso este lunes el foco en un asunto que, a su juicio, somete a revisión a los poderes públicos y órganos del Estado: la ausencia de una ejecución efectiva de las sentencias del Tribunal Constitucional. La entidad advirtió que no basta con que existan decisiones firmes si estas no generan consecuencias jurídicas reales, sobre todo cuando su cumplimiento se produce tarde o de manera insuficiente.
Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus, afirmó que estas situaciones deben ser asumidas con firmeza al recordar que la Constitución, en su artículo 184, dispone que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Aclaró que no se trata de una simple recomendación para las autoridades, sino de un límite directo al ejercicio del poder público.
La entidad insistió en que la independencia funcional de las instituciones no puede convertirse en un margen discrecional frente a disposiciones constitucionales. En su criterio, acatar una sentencia del Tribunal Constitucional no supone subordinación política entre poderes, sino sometimiento común a la norma suprema, una advertencia que vuelve a situar la distancia entre el discurso institucional y la ejecución real de decisiones que inciden en el funcionamiento del Estado de derecho.