La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reconoció en Santiago que los conflictos sociales se han convertido en un problema de seguridad en República Dominicana y que, en solo una semana, la institución recibió 16,000 denuncias por ruido excesivo, una carga que rebasa su capacidad de respuesta por falta de agentes y vehículos. La admisión expone el contraste entre el discurso de control y una estructura oficial que no logra atender la demanda ciudadana en un tema que, según la propia funcionaria, deja múltiples muertos y heridos.
Durante un encuentro de la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género en Cienfuegos, Raful anunció la intervención del distrito municipal Santiago Oeste y defendió los operativos contra la contaminación sónica ante las críticas de que “solo recogen bocinas”. “La seguridad es prevención. Cuando acudimos a un lugar con sonido por encima de lo permitido por ley y que afecta a los vecinos tras una denuncia, prevenimos que ese vecino tome la justicia por sus manos”, dijo. También rechazó la idea de eliminar la Policía y sostuvo que la salida es arreglarla y fortalecerla.
Pero el anuncio oficial quedó bajo fiscalización desde la propia comunidad. El pastor Pablo Ureña expresó reservas sobre el impacto de la intervención: aunque reconoció avances en el asfaltado de calles y la construcción del Monorriel, advirtió que las necesidades fundamentales siguen desatendidas. Señaló la proliferación de puntos de droga, peleas de gallos, bares, “teteos” y el uso de menores como “mulas” para el microtráfico, además de que el año escolar no iniciará en la escuela Rafaela Jiminián por obras inconclusas, un cuadro que refuerza la alerta institucional y la exigencia de resultados verificables para la sociedad civil.