La decisión de Estados Unidos de levantar la prohibición a importaciones de azúcar y otros productos elaborados por Central Romana volvió a quedar bajo escrutinio, después de que un grupo de vigilancia advirtiera que el trabajo forzoso persiste en los campos de caña de azúcar de República Dominicana. El señalamiento reabre una alerta institucional sobre un caso que afecta a un sector clave de exportación y vuelve a poner el foco en las explicaciones pendientes alrededor de una medida que había sido impuesta en 2022.
Ese año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) prohibió las importaciones al acusar a la empresa de aislar a los trabajadores, retener salarios y propiciar condiciones abusivas de trabajo y de vida. La restricción fue retirada el año pasado bajo el gobierno del presidente Donald Trump, pero la controversia se reactivó tras un informe de Corporate Accountability Lab, publicado luego de más de tres años de investigaciones, en el que se sostiene que esas prácticas persisten.
La presión escaló el jueves cuando el senador Ron Wyden pidió a la CBP detallar por qué revocó la prohibición y reclamó expedientes administrativos, recomendaciones finales y otros documentos del caso. En su carta, acusó a la agencia de parecer “haber abandonado abruptamente sus propios procedimientos administrativos establecidos” y advirtió que eludir los procesos estándares de aplicación de normas comerciales para corporaciones con conexiones políticas y propiedad de multimillonarios socava la integridad de la política comercial de Estados Unidos. AP pidió comentarios a la agencia, que reconoció la solicitud, pero no había ofrecido declaraciones.