La muerte de Rebeca Brizard, de 27 años, tras una cirugía realizada supuestamente por una persona sin título de médico, identificada en el caso como un presunto barbero que había trabajado en procedimientos estéticos en una clínica de Santo Domingo Este, volvió a colocar bajo escrutinio un problema que organizaciones médicas dicen haber advertido desde hace años: el intrusismo en salud no se limita a quien se presenta falsamente como médico, sino también a quienes practican intervenciones invasivas o tratamientos estéticos sin la preparación clínica requerida.
El caso se suma a otros episodios que muestran que la advertencia no era aislada. En La Vega, el Ministerio Público acusó a Franklin José Almánzar Escarramán de ejercer la odontología sin exequátur, después de que una paciente sufriera lesiones permanentes tras un procedimiento dental. Según las autoridades, la intervención le provocó afectación de nervios y edema facial, y el proceso también alcanzó a William Radhamés Almánzar Escarramán, propietario del consultorio donde se realizaron los procedimientos.
En Higüey, la Policía Nacional informó el arresto de un hombre acusado de hacerse pasar por médico y enfermero, mientras que en abril de 2026 Anyeli Meliza Sánchez Castillo, también de 27 años, falleció durante una cirugía estética en Santo Domingo. La repetición de estos casos refuerza la alerta institucional sobre la vulnerabilidad de los pacientes y el contraste entre las advertencias del sector y la capacidad real de prevenir que falsos prestadores o personal no habilitado sigan operando en servicios de salud y estética.