La nueva ofensiva arancelaria de la administración Trump, aplicada a más de 60 países con tasas de 10% y 12,5%, ha provocado un rechazo casi generalizado por la debilidad de sus justificaciones y por la opacidad con que se fijaron los gravámenes. Aunque Washington sostiene que las sanciones responden a fallas en la prohibición de importaciones vinculadas al trabajo forzado, los países afectados —que representan el 99% de las importaciones estadounidenses— respondieron que las conclusiones fueron infundadas y arbitrarias.
El cuestionamiento no se limita al fondo, sino también al procedimiento. Estados Unidos dedicó cuatro meses a la investigación, pero ofreció pocos detalles sobre cómo llegó a los tipos arancelarios, pese a que aplicó niveles similares a países con historiales muy distintos en materia de trabajo forzado. Los críticos sostienen además que la medida coincide con el vencimiento de los aranceles temporales del 10% a nivel mundial y que, más que una corrección de abusos, funciona como reemplazo de esos gravámenes, después de que el Tribunal Supremo anulara en febrero los aranceles mundiales previos.
La decisión fue adoptada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que vuelve a colocar bajo escrutinio el margen del Ejecutivo para imponer cargas comerciales de amplio alcance sin pasar por el Congreso. El episodio reabre una alerta institucional sobre rendición de cuentas y sobre la distancia entre el discurso de combate al trabajo forzado y una política comercial que, según sus detractores, no ha explicado con claridad ni sus criterios ni sus resultados.