Dos pequeñas empresas de Estados Unidos presentaron este viernes una demanda contra el Gobierno estadounidense por los nuevos aranceles aprobados por Donald Trump, de entre 10 y 12,5 %, a importaciones de sesenta economías por “no combatir el trabajo forzoso”, en una nueva disputa que pone bajo escrutinio la forma en que se sostiene esa política comercial.
La medida se anunció la víspera, una vez expirado el gravamen global del 10 %, que había reemplazado aranceles previos declarados ilegales por el Tribunal Supremo. Washington respalda ahora su paso en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, pero la demanda afirma que el Gobierno “no puede preservar una política global arancelaria simplemente moviéndose de un estatuto a otro” y acusa al representante comercial, Jamieson Greer, de “actuar arbitraria y caprichosamente” al imponer gravámenes “casi uniformes”.
El bufete Liberty Justice Center, que ya desempeñó un papel clave en la anulación de los llamados “aranceles recíprocos”, presentó la acción en nombre de Burlap & Barrel y Collective Horology ante el Tribunal Internacional de Comercio. El caso no cuestiona la necesidad de combatir el trabajo forzoso, sino la autoridad empleada para imponer una política de alcance global, un contraste que vuelve a colocar el foco en los controles institucionales y en la vigilancia sobre decisiones de poder con impacto económico. Para el gobierno dominicano, como para otros de la región, el episodio sirve de advertencia sobre la fragilidad de medidas unilaterales y la importancia de reclamar transparencia y previsibilidad en escenarios que pueden afectar el comercio y la gestión pública.