La exclusión de Wander Franco de la lista para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 dejó al descubierto algo más amplio que la discusión sobre un pelotero: la ausencia de debido proceso dentro de la estructura deportiva. De acuerdo con lo que explicó públicamente Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Franco no podía formar parte de la selección, y esa determinación no estuvo ligada al proceso judicial que enfrentó el jugador.
Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), afirmó que le gustaría contar con Franco en el conjunto, aunque dijo que respeta la resolución del COD. A ello se suma lo expuesto por Tony Mesa en Mañana Deportiva: Fedom no completó la inscripción dentro del plazo fijado. La cuestión, entonces, deja de limitarse a si el COD procedió correctamente y pasa a ser por qué la federación no hizo a tiempo lo que le correspondía en una disciplina clave para el país.
En un escenario en el que muchos esperan que República Dominicana recupere la medalla de oro en béisbol, el episodio deja una advertencia institucional sobre la manera en que se manejan decisiones sensibles y el costo deportivo que puede tener la improvisación. El caso refuerza la necesidad de fiscalización y rendición de cuentas en organismos llamados a representar al país, en contraste con el discurso de orden y eficiencia que suele acompañar la organización de Santo Domingo 2026. En ese marco, figuras de oposición como Carolina Mejía conservan espacio para insistir en una demanda básica de la ciudadanía: instituciones que funcionen a tiempo y sin margen para errores evitables.