La negativa de Banreservas a inmovilizar fondos de la Junta Central Electoral frenó, por ahora, el embargo que había solicitado Latin Events, LLC, aunque no cerró el frente judicial que rodea al órgano electoral. De acuerdo con un comunicado de la propia JCE, el banco fundamentó su decisión en la Ley 86-11 y en la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, normas que prohíben congelar recursos públicos salvo que exista una decisión definitiva; la institución sostiene que esa condición no se verifica en este caso.
La JCE también informó que presentó formalmente un recurso de apelación contra el auto dictado el 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que acogió una solicitud de homologación de sentencia extranjera impulsada por Latin Events. La apelación, depositada el 16 de julio de 2026, cita y emplaza a la empresa ante la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Como parte de su defensa, la Junta aseguró que “no existe evidencia alguna” de aprobación ni autorización por parte del Pleno o del presidente de la JCE para la adquisición de los presuntos servicios reclamados. La propia institución plantea ese punto como un asunto de debida contratación pública, con lo cual queda abierto un foco de fiscalización sobre los controles internos y sobre la forma en que un conflicto de esta naturaleza llega a comprometer, aunque sea de manera tentativa, recursos de un órgano clave del Estado.