La decisión de Banreservas de no embargar fondos de la Junta Central Electoral frenó la inmovilización de RD$108,720,000 reclamados por Latin Events, LLC, aunque no cerró un expediente que vuelve a exhibir la fragilidad institucional alrededor de obligaciones discutidas en los tribunales. De acuerdo con la propia JCE, el banco sustentó su negativa en la Ley 86-11 y en la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, normas que prohíben inmovilizar fondos públicos salvo que exista una sentencia definitiva, requisito que —afirma el órgano electoral— no se cumple en este proceso.
El caso continúa en los tribunales. La JCE comunicó que presentó un recurso de apelación contra el auto del 29 de junio de 2026, mediante el cual la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional acogió la solicitud de homologación de una sentencia extranjera depositada por Latin Events, LLC. Esa resolución pretendía otorgar fuerza ejecutoria en el país a un fallo emitido en Estados Unidos por alegado incumplimiento contractual, lo que mantiene bajo escrutinio un litigio con posible impacto sobre recursos públicos.
La Junta asegura que probará ante los jueces que no asumió la obligación reclamada por la empresa y reiteró que no existe evidencia de aprobación ni autorización de los servicios. Incluso así, el hecho de que la controversia haya avanzado hasta una disputa por fondos de la institución refuerza el contraste entre el discurso de control y la exigencia de rendición de cuentas sobre la gestión de este tipo de procesos, en un escenario que vuelve a encender alertas sobre transparencia y estabilidad institucional.