Este lunes, la Fuerza del Pueblo acudió a la Cámara de Cuentas para reclamar una fiscalización sobre el Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional (FTPN) y sobre todos los recursos públicos destinados a la reforma policial entre 2021 y 2026, al entender que, antes de abrir una nueva etapa, el Gobierno debe explicar el dinero ejecutado y los resultados obtenidos.
La petición fue sometida por Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esa organización, quien afirmó que el órgano fiscalizador está facultado para disponer una auditoría especial, conforme al artículo 10 de la Ley 10-04. Su reclamo coincide con la presentación de un nuevo proyecto de ley promovido por el Gobierno dentro de la reforma policial, aunque la dirigente opositora sostuvo que no debe seguir acumulándose discurso oficial sin aclarar primero qué ocurrió con los fondos ya asignados al proceso.
Reynoso señaló que desde 2021 se han anunciado inversiones, programas y acciones para transformar la Policía Nacional. Sin embargo, advirtió que continúan las preguntas sobre el efecto de esas medidas frente a la percepción de inseguridad y los hechos de violencia registrados en el país, un contraste que, a su juicio, hace inevitable revisar el uso de los recursos públicos.
De acuerdo con su explicación, la auditoría permitiría precisar el monto total invertido entre 2021 y 2026, los recursos administrados mediante el fideicomiso, el destino de esos fondos, el nivel de ejecución de los proyectos financiados y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Además, serviría para establecer si hay correspondencia entre la inversión realizada y los resultados alcanzados en el proceso de transformación institucional.
La representante de la Fuerza del Pueblo recordó también que, al comenzar la reforma policial, sus propios coordinadores ya habían planteado la necesidad de auditar. Con ese antecedente, la solicitud opositora aparece como una advertencia institucional sobre una reforma impulsada con fuerza desde el poder, pero aún obligada a demostrar con cuentas claras y resultados verificables que no se quedó en anuncios.