La inculpación de Raúl Castro por parte de Estados Unidos añadió este miércoles una nueva capa de presión sobre Cuba, justo cuando la isla atraviesa una crisis económica y energética. La medida, relacionada con el derribo en 1996 de dos aviones civiles pilotados por anticastristas, despertó de nuevo la consternación y la sorpresa entre cubanos consultados, al tiempo que vuelve a situar a la población en el centro del costo político de una escalada entre poderes.
Castro, de 94 años y aún influyente en la política cubana, fue acusado de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. Los hechos se remontan a su etapa como ministro de Defensa. En La Habana, voces recogidas por AFPTV calificaron la decisión como una acción política y de imagen, y además la vincularon con el impacto del bloqueo energético sobre la vida cotidiana.
Las autoridades cubanas reaccionaron con duras críticas y llamaron a protestar frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana. El episodio se da en medio de una mayor presión de Washington sobre la isla, sometida a embargo desde 1962, y deja otra señal de alerta institucional: mientras la confrontación se intensifica, continúan las consecuencias sociales de una crisis que sigue sin dar tregua a los ciudadanos.