RIO DE JANEIRO.– La decisión del magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de impedir por 90 días que Flávio Bolsonaro visite a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, fue descrita por el senador y precandidato presidencial como una medida que deja de ser solo judicial y entra de lleno en la contienda de octubre, en otro episodio que refuerza la alarma institucional por el peso de las decisiones de poder en el proceso electoral.
En una transmisión en vivo por redes sociales, Flávio Bolsonaro tachó la restricción de «desproporcionada e injusta» y aseguró que el plazo fue establecido para impedirle mantener contacto con el exmandatario hasta después de la primera vuelta. «No es casualidad que este plazo termine justo después de la primera vuelta», dijo en su canal de YouTube, al remarcar el contraste cada vez más sensible entre el discurso de legalidad y el efecto político concreto de las medidas.
El legislador, uno de los principales aspirantes de la derecha para enfrentarse al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, comparó además el caso con la etapa en que Lula estuvo encarcelado por procesos de corrupción luego anulados. Según sostuvo, entonces el líder del Partido de los Trabajadores pudo divulgar cartas y mantener comunicación con aliados y medios sin restricciones parecidas, una comparación con la que buscó subrayar la necesidad de reglas consistentes y rendición de cuentas cuando las decisiones judiciales terminan alterando el terreno político.
A juicio de Flávio Bolsonaro, las limitaciones a las visitas familiares y al contacto con abogados buscan aislar políticamente a su padre, quien cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. La medida de De Moraes se adoptó después de que el senador leyera en redes sociales una carta del exmandatario en la que reiteraba su respaldo a la candidatura presidencial de su hijo y llamaba a la unidad del movimiento conservador, luego de críticas públicas de la exprimera dama Michelle Bolsonaro.
El magistrado sostuvo que la difusión del mensaje incumplió las medidas cautelares impuestas al expresidente. Pero la controversia ya quedó planteada en un plano más amplio: hasta dónde una decisión judicial puede limitar comunicaciones y vínculos políticos en medio de una campaña sin profundizar el desgaste institucional ni reforzar la percepción de que, otra vez, el poder termina condicionando la competencia democrática.