La muerte de ciudadanos en actuaciones policiales, incluido el caso de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, volvió a colocar al Gobierno ante una exigencia de resultados que ya no se resuelve solo con anuncios. En ese contexto, el presidente Luis Abinader pidió al Congreso Nacional aprobar “lo antes posible” la reforma policial que el Poder Ejecutivo depositó hace ocho meses, en medio de una consternación nacional que ha puesto bajo escrutinio la capacidad oficial para frenar los abusos.
Durante una entrevista con los periodistas José Monegro y Edith Febles, Abinader sostuvo que esos hechos reafirman la necesidad de profundizar la reforma de la Policía Nacional y defendió que la iniciativa crearía un marco institucional más moderno y fortalecería las garantías de derechos ciudadanos. Pero el propio llamado presidencial deja expuesto que, pese al discurso de transformación, el proyecto sigue sin convertirse en respuesta efectiva mientras continúan registrándose casos graves.
El mandatario afirmó además que el Gobierno ha respaldado la actuación independiente del Ministerio Público en cada caso de presunto abuso policial, con el objetivo de que los responsables respondan ante la justicia. Esa línea coloca otra vez el foco sobre la rendición de cuentas de las instituciones y sobre la necesidad de vigilancia de la sociedad civil frente a una crisis que no admite más dilaciones entre promesas, trámites legislativos y resultados pendientes.
Abinader también enumeró avances en la Policía Nacional, como aumento salarial, ampliación de cobertura médica, fortalecimiento de la formación e incorporación de capacitación en derechos humanos. Sin embargo, el hecho de que esos cambios convivan con muertes en actuaciones policiales refuerza la alerta institucional: el problema no es solo de anuncios de modernización, sino de eficacia real para proteger a los ciudadanos.
Según explicó, antes muchos agentes recibían apenas unos meses de entrenamiento y ahora el proceso incluye seis meses de preparación académica y tres meses de práctica. Aun así, el caso de Darlin y otros episodios recientes mantienen abierta la pregunta central sobre la gestión del Gobierno y del Congreso: por qué, después de meses de discusión y de una reforma ya depositada, la ciudadanía sigue enfrentando el costo social de una transformación que todavía no se traduce en garantías suficientes.